Sólo el 15% de las editoriales latinoamericanas tienen libros electrónicos

¿Falta de interés o demanda?

Ante el escaso número de libros electrónicos editados en América Latina, Zapata dijo que cabe preguntarse si es porque no hay interés por parte de los editores o no hay demanda, y al respecto advirtió de cómo puede influir en el segundo aspecto el hecho de que el acceso a la banda ancha esté limitado a determinadas áreas en muchos países de la zona y la conexión sea todavía cara.

“Aquí no hay tarifas planas”, señaló Zapata, quien consideró que el impacto de internet ha originado “una ruptura” en la forma de relacionarse con el mundo del conocimiento “tan fuerte y vital como el desarrollo de la imprenta”.

El director del Cerlalc opinó que no se debe “apurar la marcha”, ni apresurarse en el proceso de cambio del sector editorial de lo tradicional a lo digital, más aún cuando todavía no están resueltas cuestiones claves como si los contenidos colocados en la red deben ser gratuitos o de pago.

Otro punto importante -señaló- es evitar que la sociedad del conocimiento y sus actividades económicas derivadas reproduzcan el modelo del mercado de las materias primas en cuanto a los escasos beneficios que reciben los productores, en este caso creadores.

También abogó, y ese es uno de los principales objetivos del Cerlalc, por generar sociedades lectoras no solo para beneficio del sector editorial sino en favor de la democracia.

Se trata de “producir mejores lectores entre los ciudadanos con el fin de que eso les permita participar en la construcción de democracias”, subrayó.

Al respecto, lamentó que en América Latina no haya políticas de Estado sobre los bienes culturales que perduren a pesar de los cambios de Gobierno, como las hay en otros ámbitos.

En el caso del libro en particular esas políticas deben abarcar la lectura, las bibliotecas públicas, los impuestos como el IVA, el precio fijo y el valor de los insumos de la industria editorial.

Zapata instó, por último, a los Gobiernos de América Latina a apostar a la identidad cultural, ayudando a las industrias del ramo como se hace con la construcción, el turismo y otros sectores, y a tener la voluntad política de luchar contra la piratería como “conducta criminal” que es.

El Estado no debe hacer distinciones entre bienes tangibles e intangibles cuando se trata de cumplir con su obligación de protegerlos, señaló.

Fuente: Emol