Crece la resistencia a calificadoras de riesgo
8 de Abril de 2011 - Destacados
Mientras las crisis golpean la Eurozona, cunden críticas a Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s y Fitch Ratings. Se las sospecha beneficiarias de ciertos bancos o de sí mismas, a costa de países como Grecia, Irlanda, Portugal o España.
Un grupo de juristas y expertos españoles reunidos en sitios como Observatorio, DESC o ATTAC, han radicado tres querellas penales contra las agencias privadas evaluadoras de riesgos. Si estas acciones prosperan, podrán –llegado el caso- conjurar golpes de mercado capaces de poner en peligro las instituciones políticas y sociales. Así sucedió en Grecia, está ocurriendo en Portugal y puede repetirse en la vecina España.
Para comprender el papel del trío M-S&P-FR a lo largo de la crisis europea, deben distinguirse dos momentos. El primero acaece desde 2001 vía burbuja inmobiliaria. En esa instancia, las calificadoras inflaban los puntajes de sus protagonistas (previo pago por el asesoramiento), sin parar mientes en que los paquetes incluían malas hipotecas y activos tóxicos.
Las agencias, en complicidad con los bancos, otorgaban los puntajes más altos (AAA) y los ejecutivos del trío multiplicaban sus ingresos. Tiempo después, las burbujas fueron estallando una por una. En Estados Unidos, la Eurozona e Islandia, miles de familias vieron aniquilados de una vez vivienda, empleo e ingresos.
A diferencia de EE.UU., en la Unión Europea las sanciones a las calificadoras o a los bancos que especulados a costa de sus clientes brillan por su ausencia. Peor aun, en España, las entidades financieras recibieron ingentes sumas que les han permitido convertir sus deudas privadas en deuda pública.
No para ahí la cosa. Para rescatar al sector privado y obtener liquidez, varios gobiernos de la periferia euro se vieron forzados a emitir deuda adicional. Con ese objeto ¿a quiénes acudieron en la segunda parte de la historia? Naturalmente, a las calificadoras. En este punto, resulta inevitable notar una contradicción de las propias instituciones europeas: imponer planes de austeridad –financiados con un fondo de € 440.000 millones- que generan mayor contracción económica.
