La economía colaborativa se afianza como alternativa a la tradicional

El trueque de bienes y el intercambio de servicios entre particulares no constituyen de por sí nada nuevo. Su difusión a niveles desconocidos hasta la fecha a través de Internet es, por el contrario, una característica de estos últimos años. La red les ha transformado en un fenómeno de masas y los ha elevado al rango de alternativa al sistema económico tradicional. Y ahora, aún en fase de crecimiento pero mucho más cerca de su madurez, la que hoy en día se conoce como economía colaborativa necesita unas reglas que pongan orden en su ecosistema sin cortar las alas a sus posibilidades de desarrollo.

El negocio de compartir ya no es poca cosa. Ya en 2011, Jaime Contreras, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, en sus siglas en inglés) estimaba que la economía colaborativa —o consumo colaborativo— es un mercado global valorado en 90.000 millones de euros; Rachel Botsman, experta de fama internacional en la materia y autora del volumen Lo que es mío es tuyo, valora el negocio del mercado mundial del alquiler entre particulares en 21.000 millones de euros.

“Los beneficios de la economía compartida son indudables: permite asignar de maneras más eficiente los recursos infrautilizados, favorece la competencia, reduce la asimetría informativa [el desquilibrio de información entre dos partes de una compraventa]. Hay que revisar el marco regulatorio, no establecer una aplicación automática de la regulación vigente, porque puede haberse quedado obsoleta”, explicó María Sobrino, Subdirectora de la Comisión Nacional de los Mercados y La Competencia (CNMC

La responsable de organismo regulador subraya que el comercio colaborativo conlleva “la oportunidad de disponer de más información sobre los productos, contar con menores costes de transacción y efectos medioambientales”, al promover “una economía basada más en el uso que en la propiedad”. Valores que según Luis Tamayo, Sociólogo y experto en economía y cultura colaborativa, han permitido “un increíble crecimiento, que se refleja en el impacto, la escala y la velocidad de este fenómeno. Esto tipo de servicios tienen mucho que ver con la tecnología, pero no solo. Se basan también en la mentalidad de las personas, que son capaces de consumir de otra manera”.

Además de profesor en varios centros académicos, Tamayo es conector en Madrid con OuiShare, una organización internacional que apoya a firmas y particulares que quieran asentarse en el ámbito colaborativo. Tras cuatro años “acompañando a estos emprendedores”, está convencido de que “la economía colaborativa es eficiente, y por eso a menudo funciona mucho mejor que la tradicional. Es un modelo práctico. Hay empresas que brindan servicios que las firmas tradicionales no ofrecen”, matiza.

Si por un lado el mundo de la economía colaborativa atrae cada vez más operadores, por otro el interés en sus potencialidades aumenta también entre los usuarios. Amaya Apesteguía, responsable del área de consumo colaborativo de la asociación de consumidores OCU, lo certifica: “Llevamos más de un año inmersos en el comercio colaborativo, y ya se puede decir que ha explotado. Esta manera responsable de actuar en el mercado puede empoderar a los usuarios, ya que se basa en cadenas más cortas y fomenta las relaciones entre personas, entre pares”.

Esta expansión, sin embargo, implica también la necesitad de tener cuidado a la hora de clasificar los distintos negocios: “Hay que distinguir entre modelos positivos para los consumidores y otros que lo son para el conjunto de la sociedad, un banco de tiempo no es lo mismo que Uber [la plataforma que permite ofrecer un coche particular como medio de transporte alternativo al taxi tradicional]. Hay modelos de comercio compartido que simplemente son más eficientes, pero hay otros que pueden ser transformadores y beneficiar a toda la sociedad”, subraya Apesteguía.

El rompedor crecimiento del comercio colaborativo ha inducido también a la banca a secundar las necesidades de estas nuevas empresas. “El sector financiero se está adaptando a la nueva realidad que viene impulsada por el desarrollo de las nuevas tecnologías y el cambio de perfil de los usuarios de banca. Es fundamental ir modificando las prácticas habituales para adaptarlas a las nuevas necesidades y a los nuevos flujos económicos”, sentencia Julián Jiménez, Director Comercial de la Regional de Madrid de Banco Sabadell. Las claves de esta transformación pasan por “establecer canales de comunicación y apoyo con los jóvenes emprendedores, que están haciendo un gran trabajo en el desarrollo de nuevas funcionalidades. Casi todos llevan a cabo transacciones online, y por ello hemos actualizado nuestras plataformas informáticas y nuestros métodos de pago”, añade.

La entidad ha decidido apostar por el desarrollo de las startup, empresas de nueva creación casi siempre vinculadas a las nuevas tecnologías y a menudo involucradas en la economía colaborativa. El banco ha creado la unidad BStartup, que cuenta con 70 oficinas en todo el territorio español y que ofrece un trato diferenciado para este tipo de proyectos. En lo que va de año ha otorgado financiación bancaria por valor de 28,4 millones de euros a más de 460 startups. Además tiene un programa de inversión y aceleración de startups que ya ha invertido un millón en 10 startups, incluida alguna de consumo colaborativo como WeSmartPark, dirigida a rentabilizar el uso de plazas de parking infrautilizadas.

La iniciativa del Sabadell evidencia un aspecto que, junto con las trabas burocráticas, es el obstáculo de mayor envergadura a la hora de montar una empresa en España. Y cuando el negocio que está naciendo se enmarca en un contexto alegal, como a menudo es el caso en el entorno colaborativo, la desconfianza puede amplificar los problemas: “Fundé mi empresa hace dos años. Al principio no fue fácil: no encontré ni un fiscalista, ni un abogado, nadie que me haya ayudado, asesorado o dicho que mi proyecto era viable”, relata Gloria Molins, fundadora de Trip4real, una empresa que permite a los viajeros contar con autóctonos como guías amateur particulares durante sus viajes.

Su empresa tiene 13 trabajadores y ofrece más de 2.500 actividades en España. Arrancó gracias a la inversión de todos sus ahorros, pero más tarde logró un millón de euros de financiación gracias al esfuerzo conjunto de un fondo de capital riesgo madrileño y de La Caixa. Hoy cuenta con el chef Ferran Adrià como socio y se prepara a dar el salto a Europa. Y ha conseguido encontrar su sitio en el mercado: “Al principio era un problema para los guías turísticos oficiales, pero ahora son ellos los primeros que usan nuestra plataforma”, asegura Molins.

El encaje de las nuevas realidades colaborativas en el sistema tradicional es uno de los retos más grandes que estas empresas tendrán que afrontar. Aunque subraye las “ventajas inherentes de la economía colaborativa, sobre todo por lo que tiene que ver con la transparencia del mercado”, Álvaro Martín, socio y director del departamento Internacional de Analistas Financieros Internacionales (AFI), destaca las incógnitas todavía por solventar. En el sector del transporte, por ejemplo, “las licencias de los taxis y de las líneas de transporte públicas tienen un coste para los operadores del que las plataformas colaborativas no se hace cargo, amén de una fuente de recaudación de impuestos que el auge de estos sistemas alternativos podría hacer peligrar”. Gloria Molins, de Trip4real, remacha sin embargo que “una regulación de las actividades colaborativas podría suponer unas abundantes entradas fiscales”.

Otro de los aspectos positivos de la economía colaborativa, insiste Amaya Apesteguía, de la OCU, “es que el usuario se transforma en un prosumidor, que consume y produce a la vez, y que puede contar con unas ganancias que van más allá del sueldo”. Pero “habría que preguntarse si es lícito que quien cobra dinero público por no tener trabajo gane ese dinero”, se pregunta Martín, y señala que la crisis económica ha hecho que este fenómeno se dispare.

“Pero la economía colaborativa no depende solo de la crisis. Conlleva un cambio de mentalidad. Bloquearla significa bloquear la innovación”, zanja el sociologo Luis Tamayo.

Fuente: El País