La sanción de Bruselas a Apple sacude el tablero fiscal
1 de Septiembre de 2016 - Destacados
La incriminatoria investigación que realizó Bruselas sobre la actividad de Apple en Irlanda tiene sus orígenes en una anterior investigación que hizo el Congreso de Estados Unidos sobre las prácticas fiscales exóticas de la compañía tecnológica.
Tim Cook, CEO de Apple, salió ileso del interrogatorio público que le hicieron los senadores norteamericanos en mayo de 2013, pero la audiencia despertó la curiosidad de los funcionarios antimonopolio de la Comisión Europea. Eso llevó a que la comisión decidiera que Irlanda debe recuperar hasta 13.000 millones de euros en impuestos no pagados por el gigante tecnológico, más intereses.
El fallo sacudió a Apple, la tecnológica más grande del mundo, y llevó a un nuevo nivel la batalla contra la agresiva evasión impositiva que practican las grandes corporaciones. El tema podría aún tener sus raíces en Washington pero el fallo dictado por Margrethe Vestager, comisaria de Competencia en la UE, ha profundizado la tensión entre Estados Unidos y las autoridades de la UE sobre las medidas enérgicas contra el impuesto a las sociedades.
Cómo era el acuerdo fiscal
Durante más de 20 años, el negocio de Apple en Irlanda se benefició de un acuerdo extraordinario que le permitió evitar el pago de impuestos sobre casi todas sus ganancias en Europa y otros mercados globales.
El arreglo con la autoridad fiscal irlandesa data de una resolución de 1991, que fue reemplazada por otra de 2007. Las mismas son esencialmente cartas de intención que aclaran cuestiones impositivas a una empresa. Si bien en general son confidenciales, las cartas de Apple salieron a la luz después de que los funcionarios de la UE indagaron sobre el trabajo que había hecho una subcomisión del Senado estadounidense.
En la investigación de la UE, se cuestiona el tratamiento fiscal favorable que recibieron en Dublín dos subsidiarias de Apple, y si las ventajas que tuvieron estaban disponibles para todas las demás compañías.
Una subsidiaria es Apple Sales International (ASI). Estaba estructurada para que todas las ganancias sobre las ventas de iPhones y otros productos de Apple en Europa, Medio Oriente, Africa e India quedaran registradas en Irlanda. La otra subsidiaria es Apple Operations Europe, que fabricaba algunas líneas de computadoras.
Desde el punto de vista impositivo, cada una operaba casi de la misma manera. Las resoluciones de 1991 y 2007 permitían que casi todas las utilidades fueran asignadas a una “casa central” que no tenía empleados o instalaciones y existía sólo en los papeles.
El fallo de Vestager señala que el acuerdo contemplaba una asignación “artificial” de ganancias para permitir a Apple desafiando la ley de la UE pagar mucho menos impuestos que otras compañías.
Para la tecnológica, las implicancias de la decisión van más allá de los impuestos que le debe a Irlanda. La comisión también declaró un período de cacería para que los recaudadores de impuestos de todo Europa revisen cuál es el tratamiento que reciben las actividades comerciales de Apple. La corrida para volver a cobrar impuestos a Apple acaba de empezar.
Una vez publicado el fallo de 130 páginas, Vestager dijo que otras autoridades europeas “pueden mirar nuestra investigación” y ver si Apple hizo bien en registrar en Irlanda la mayoría de sus ganancias no estadounidenses, en vez de hacerlo en el país donde vende. “Si concluyen que Apple debería haber registrado sus ventas en aquellos países y no en Irlanda, podrían requerir a Apple pagar más impuestos localmente,” aseguró. “Eso reduciría el monto a devolver a Irlanda”, agregó.
También podría elevar toda la factura fiscal de Apple. Si Francia (su alícuota del impuesto a las sociedades asciende a hasta 33%), Suecia (22%) o Alemania (casi 30%) deciden que las ventas fueron realmente ejecutadas en sus jurisdicciones, Apple podría pagar una suma mayor que el gravamen súper bajo de Irlanda, que es de 12,5%.
Algunas autoridades recaudadoras europeas ya se movieron contra Apple. El grupo norteamericano acordó pagar a Italia 318 millones de euros el año pasado, después de una investigación fiscal sobre cómo había asignado a Irlanda las ganancias por ventas.
¿Se verán afectadas otra compañías?
Bruselas fijó un precedente que podría atrapar a otras multinacionales con arreglos fiscales similares. Deja en claro que cualquier resolución fiscal que asigna ganancias a una entidad no existente constituye una forma ilegal de ayuda estatal.
En primer lugar, es de esperar que Irlanda revise todas sus resoluciones fiscales para garantizar el cumplimiento de la ley de la UE. Dublín insiste en que no se basaba demasiado en esas resoluciones, a diferencia de Holanda o Luxemburgo. Pero aquellos que sí se beneficiaron de las “cartas de intención” sobre asignaciones de ganancias podrían quedar en la mira.
Fuente: Financial Times / El Cronista